ANATOMÍA DE UNA CRISIS
Mapeando las tensiones sociales y territoriales en Otavalo, Ecuador
El 13 de octubre, la sierra norte amaneció con el eco metálico de los motores y el rumor del miedo. El llamado “Convoy Humanitario” , un nombre que intenta revestir de benevolencia lo que fue un despliegue de fuerza. Ingresaron por las zonas de Olmedo, La Esperanza y Pukuwayku, territorios que desde generaciones sostienen la vida comunitaria de Imbabura.
Allí, los manifestantes fueron atacados con gases lacrimógenos y perdigones, dejando al menos 22 heridos, entre ellos mujeres y ancianos; dos permanecen en estado crítico por impactos en la cabeza.
Aquel día, la violencia se dirigió contra los cuerpos más vulnerables, transgrediendo los límites éticos del uso de la fuerza y evidenciando una violación sistemática a los derechos humanos. No se trataba ya de disuadir una protesta, sino de doblegar un tejido social que resiste desde su cosmovisión, su lengua y su historia.
En la noche, las fuerzas armadas ocuparon el Colegio de Ibarra como punto de descanso y logística, revelando una presencia militar planificada, que antecedía el ingreso masivo hacia Otavalo.
Esta operación, en apariencia humanitaria, funcionó como una estrategia política de control territorial, una avanzada para fracturar la organización indígena en el corazón de Imbabura.
Bajo el pretexto del orden, el Estado ensayó una forma de disciplinamiento colonial, donde el territorio indígena volvió a ser el escenario de la fuerza y la impunidad.
Allí, los manifestantes fueron atacados con gases lacrimógenos y perdigones, dejando al menos 22 heridos, entre ellos mujeres y ancianos; dos permanecen en estado crítico por impactos en la cabeza.
Aquel día, la violencia se dirigió contra los cuerpos más vulnerables, transgrediendo los límites éticos del uso de la fuerza y evidenciando una violación sistemática a los derechos humanos. No se trataba ya de disuadir una protesta, sino de doblegar un tejido social que resiste desde su cosmovisión, su lengua y su historia.
En la noche, las fuerzas armadas ocuparon el Colegio de Ibarra como punto de descanso y logística, revelando una presencia militar planificada, que antecedía el ingreso masivo hacia Otavalo.
Esta operación, en apariencia humanitaria, funcionó como una estrategia política de control territorial, una avanzada para fracturar la organización indígena en el corazón de Imbabura.
Bajo el pretexto del orden, el Estado ensayó una forma de disciplinamiento colonial, donde el territorio indígena volvió a ser el escenario de la fuerza y la impunidad.
Desde su ingreso por Cotacachi y la Panamericana, los militares comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas.
Entre las 5:30 y las 6:00 de la mañana, las comunidades de Carabuela y Peguche fueron bombardeadas con gases lacrimógenos, especialmente en los terrenos y viviendas aledañas a la Panavial Norte.
Entre los lugares donde se establecieron estos espacios se encuentran Cotacachi, Otavalo, Carabuela, Punyaro, Peguche, Huaycupungo Monserrath y Agato. Se estima que alrededor de un gran número de personas resultaron heridas.
“La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos menciona que existe un reporte hasta el 16 de octubre con 367 vulneraciones a los derechos humanos, 295 heridos y 205 detenidos.”
Personas que caminaban por la zona fueron arrestadas y subidas a camiones militares. En varios casos, la violencia fue acompañada de insultos raciales y humillaciones públicas.
El resultado: al menos 17 heridos confirmados —10 por bala, 4 por perdigones, 2 por bombas lacrimógenas directas y 1 con lesión interna grave— y decenas de detenidos cuyos nombres aún no han sido plenamente documentados.
Mientras el Gobierno calificaba la intervención como un “operativo humanitario”, las comunidades indígenas de Otavalo la recuerdan como un día de represión militar y criminalización del pueblo.
José Alberto Guamán era un comunero kichwa de 30 años, padre de dos hijos, oriundo de la comunidad de Cachiviro-San Pablo del Lago, parroquia San Rafael, en el cantón Otavalo.
El día martes 14 de octubre fue herido de bala por el sector del parque de los dinosaurios en Otavalo, Imbabura.
El caso fue que las fuerzas armadas hieren con un proyectil que cruza el pecho a la espalda, provocando un sangrante masivo. Primero fue trasladado al Hospital San Vicente de Paul, pero por la gravedad de su herida fue trasladado a Quito al Hospital Eugenio Espejo. Su fallecimiento se da horas más tarde, el cual es considerado como un “crimen de Estado” que debe ser investigado.
Sus últimas palabras fueron reportadas como: “¿Dónde está mi mami? Por favor, traigan a mi mami.” Esto mientras se encontraba en estado crítico tras el impacto (Primicias, 2025).
“Mientras el Gobierno calificaba la intervención como un ‘operativo humanitario’, las comunidades indígenas de Otavalo la recuerdan como un día de represión militar y criminalización del pueblo.”
Los comuneros que mayormente fueron afectados pertenecen a las comunidades como San Francisco, Cotama, Peguche, Chachiviro, San Ignacio, San Pedro, El Cercado, Cumbas, Morochos; todos del cantón Otavalo.
Estos estaban en un rango de edades entre 18 y 52 años; predominio de jóvenes campesinos y obreros (albañiles, agricultores, costureros, jardineros, artesanos, ayudantes de cocina, estudiantes).
Los casos más emblemáticos recogidos:
- Braulio Steven Morales (18 años, estudiante): amputación de pierna tras bala abdominal.
- Saire David Chaguiango (30 años, trabajador): posible amputación de pierna.
- José Isidro Chávez (28 años): perdigón en ojo izquierdo.
- José Rafael Lanchimba (48 años, agricultor): perdió el ojo izquierdo; cirugía de USD 5.000.
- José Alberto Guamán (30 años): lesión torácica, laceración pulmonar por proyectil.
- Alexis Israel Flores (27 años): tres perdigones en zona pélvica.
- Luis Er
- nesto Calapi (40 años): bomba lacrimógena, fractura de mano, quemaduras.
- Alan Mejía (23) y Franklin Flores (23): cirugías reconstructivas de pierna/tobillo.
- Darwin Stalin Bonilla (26): herido en la pantorrilla, necesita placas metálicas.
- Sergio Orbes (28): cirugía facial reconstructiva.
Se prevé que los gastos médicos están rondando entre USD 2.000 y USD 25.000 para las familias campesinas, que además enfrentan falta de atención inmediata en centros de salud locales y falta de insumos médicos.
La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos menciona que existe un reporte hasta el 16 de octubre con 367 vulneraciones a los derechos humanos, 295 heridos y 205 detenidos (Morales, 2025).
La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos menciona que existe un reporte hasta el 16 de octubre con 367 vulneraciones a los derechos humanos, 295 heridos y 205 detenidos (Morales, 2025).
Fuentes
Human Rights Watch. (21 octubre 2025). Ecuador: Abusos en la respuesta a las protestas. Recuperado dehttps://www.hrw.org/es/news/2025/10/21/ecuador-abusos-en-la-respuesta-a-las-protestas
Primicias. (20 octubre 2025). Del precio del diésel a la defensa de los territorios: así han cambiado las demandas del paro indígena.
Primicias. (17 octubre 2025). Policía registra 137 detenidos durante protestas en Ecuador, mientras siguen bloqueos en Imbabura.
CDHAL. (2025). Ecuador vive cuatro semanas de Paro Nacional sin tregua.
Creditos
PROJECT LEAD &
CORE CONTRIBUTIONS
Dakota Santillan TeranMaster’s Student in Architecture
University of California, Berkeley
Amadeos Oyagata Maigua
Master’s Student in Urban Planning
Harvard University
Sydney Males Muenala
Facilitator at the Indigenous Council GARN
Master’s in International Relations
RESEARCH &
DATA COLLECTION
Lenin Poveda Coronado
Student in Sociology
Universidad de Cuenca
CONSULTANTS &
ADVISORS
Amaru Muenala
Social Media Advisor
Nelson Cordova Maigua
Architect
Studio Javier Cordova